Las camaradas y diputadas por SUMAR Engracia Rivera y Júlia Boada escriben este artículo para Mundo Obrero donde diseccionan el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Genero. Aquí lo podéis leer íntegro.
En este mes de febrero de 2025, vamos a votar en el Pleno del Congreso de los Diputados la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Supone la actualización y revisión de aquel Pacto de Estado aprobado en 2017.
El objetivo de aquel Pacto de Estado fue establecer una serie de medidas que desarrollaran políticas públicas estables a largo plazo para la lucha contra la violencia de género y coordinar esas políticas en todas las administraciones públicas, con dotación presupuestaria y con el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales.
Entonces se aprobaron 214 medidas en el Congreso de los Diputados y 267 medidas en el Senado. Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, órgano encargado de coordinar e impulsar la ejecución de las medidas del Pacto de Estado, se elaboró un documento único que refundió las medidas de la Cámara Baja y la Cámara Alta, en un total de 292 medidas estructuradas en 10 ejes de acción.
En 2025, después de muchas sesiones, por fin se alcanzó acuerdo para renovar el Pacto y se ha plasmado en 462 medidas y 9 ejes, que suponen un avance y una mejora sobre el anterior Pacto de Estado de 2017.
Ese avance y esa mejora es, entre otros motivos, porque aumenta el presupuesto, pero también porque hemos conseguido que algunas de nuestras propuestas se vean reflejadas.
En lo que respecta al marco presupuestario: dentro de los próximos 5 ejercicios presupuestarios se producirá un incremento del 15% anual para el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se dedicarán 100 millones de euros anuales para la Administración General del Estado, a las entidades locales les corresponderán 40 millones de euros anuales y a las Comunidades Autónomas 160 millones anuales.
Hemos conseguido introducir la plurianualidad para las medidas estructurales que requieran mantenimiento continuado y estructura estable y así dar estabilidad a los proyectos, los servicios y a las profesionales.
También que los Fondos del Pacto de Estado puedan financiar gastos de personal (para servicios especializados) del capítulo 1 del presupuesto y también gastos en inversiones del capítulo 6.
Este Pacto también va a servir para actualizar las medidas conforme al ordenamiento jurídico actual, incluyendo el desarrollo de programas y objetivos de leyes aprobadas después de 2017 como la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, entre otras.
Se ha mejorado el subeje de “sectores vulnerables” profundizando en el abordaje de las violencias que sufren los colectivos más vulnerables, por lo que establece adaptar las medidas de prevención, detección, atención, protección y acompañamiento a esta diversidad de mujeres vulnerables (con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres gitanas…).
Reforzar el sistema VioGen también ha sido una prioridad, con medidas como la integración de la inteligencia artificial en el análisis predictivo del sistema para mejorar la protección, y velar para que la IA no tenga sesgos e incorpore perspectiva interseccional, entre otras medidas.
Otra de las prioridades importantes ha sido reforzar, en el Pacto, las medidas de violencia vicaria, una violencia abominable, que necesita de mejores protocolos de detección en el ámbito sanitario y educativo, así como de más formación para todos los y las profesionales que tengan un contacto habitual con niños, niñas y adolescentes y todo el personal al servicio de la Administración de la Justicia.
A pesar de que hemos defendido —desde el inicio de los trabajos de renovación del Pacto— que era necesario actualizar la terminología adaptándola a lo que establecen tanto el convenio de Estambul (ratificado por el Estado español desde 2014) como la Directiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, eso no ha sido posible porque tanto PP como PSOE han defendido que se usara la terminología de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Y aunque tenemos que celebrar la inclusión de dos nuevos tipos de violencia en este pacto como son la violencia económica y la violencia digital, también tenemos que lamentar que no hayan podido contemplarse la violencia obstétrica o la violencia institucional por no haberse adecuado el Pacto a la concepción de las violencias actual y la falta de actualización jurídica de la Ley 1/2004 de la que se acaba de celebrar su 20 aniversario, norma que no sólo necesita actualizarse en la terminología sino introducir como víctimas de violencia de género a menores que son víctimas de violencia vicaria.
Creemos que estos son los retos legislativos más inmediatos en políticas públicas feministas, aunque nuestra valoración de este Pacto es positiva, porque su aprobación es un avance en políticas feministas en el actual contexto político de avance de posiciones del patriarcado que pretende estrechar el marco de derechos de las mujeres.
Publicado en Mundo obrero
